En el marco del proceso de revisión del salario mínimo y frente al momento histórico de desempleo e informalidad que vive el país, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), como gremio representativo de un gran número de empleos formales, considera que realizar incrementos salariales en esta coyuntura frenaría el esfuerzo de recuperación de plazas de trabajo que persigue el sector productivo para logar la reactivación de la economía del país y por ende, el bienestar general de la población.
La crisis económica derivada de la pandemia de COVID ha llegado al cierre y reducción de muchas empresas provocando que el desempleo pase de 146,111 en 2019 a 281,634 personas sin empleo en 2021, una cifra preocupante considerando que la población económicamente activa del país es de alrededor de 1,936,756 personas, quienes tienen la responsabilidad de llevar el sustento a sus hogares. Otro dato preocupante es que, debido a la pérdida de muchas empresas, las plazas de empleo formal generadas por el sector productivo disminuyeron de 642,343 a 425,220 plazas de trabajo en 2021.
Los empleos formales del sector productivo son aquellos que pagan seguro social, seguro educativo y otras prestaciones que permiten a lo ciudadanos tener acceso a los servicios de salud pública, educación, entre otros. Las empresas y sus trabajadores representan ingresos importantes para el funcionamiento del Estado. Mientras las empresas no logren recuperarse y los empleos formales del sector productivo continúen disminuyendo, los ingresos del gobierno también disminuirán esto significa menor presupuesto para la salud pública, inversión y ayuda económica social. Por lo anterior, es urgente que nos enfoquemos en revertir la tendencia negativa de pérdida de empleos formales.
Si bien es cierto, el país muestra señales de recuperación del PIB para el 2021 destacando sobre el resto de los países de la región, la realidad es que no logra compensar aún la caída de la economía del 2020. Nuestras estimaciones es que esa recuperación sea lenta, de más de 3 años, y dependerá de las oportunidades de recuperación que plantee el gobierno, su viabilidad, la capitalización de estos escenarios por parte del sector productivo y el incremento de la productividad de la fuerza laboral del país.
El SIP es fiel creyente de una remuneración justa basada en productividad y ha sido nuestro planteamiento a lo largo de los años. Lastimosamente, poco o nada se ha avanzado en esa dirección. Para poder recuperarnos será necesario ser más productivos y eso significa mano de obra educada y preparada.
Por último, nuestra postura como gremio es que es momento de pensar en la colectividad y el bien común, es momento de cerrar las brechas, de enfocarnos en las 281,634 personas desempleada, en las más de 700,000 personas que viven en la informalidad sin poder brindar un sistema de salud seguro a sus hijos y en la nueva generación de jóvenes que aspiran integrarse a la actividad laboral.
Hacemos un llamado al Órgano Ejecutivo a tomar una decisión que vaya en vías de recuperar empleos, reducir la dependencia de subsidio, de aumentar la productividad, de apuntalar el mejoramiento de las condiciones que fortalezcan a las empresas y que siembren seguridad en aquellos que carecen de un trabajo digno. Es el deber y responsabilidad de todos.