El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), como gremio representante de la industria nacional, ve como positivo el cumplimiento del debido proceso en relación a las declaraciones del Procurador General de la Nación y el Procurador General de la Administración sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 que aprueba el Contrato de Concesión Minera.
Esperamos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie con celeridad, dentro del marco del derecho, y así disminuir la incertidumbre y la crisis que atraviesa todo el país.
Insistimos a la Asamblea Nacional a promulgar la moratoria minera excluyendo la derogación de la Ley 406.
Reiteramos la necesidad de que se abran las vías y que las autoridades hagan valer el derecho al libre tránsito que está siendo vulnerado y que impide el abastecimiento de comida e insumos básicos en los hogares panameños.
Consideramos que la vía judicial es la solución que menos consecuencias negativas traerá al país y que nos permitirá entrar a una nueva etapa donde prime la paz social.